Según un estudio de la Universidad EAFIT realizado por el investigador Jesús Botero García, que analiza las posibilidades de financiación de los costos del posconflicto para balancear las finanzas públicas tras el acuerdo, sería necesaria una reforma tributaria que eleve el IVA en tres puntos porcentuales.
La reducción en la tasa de crecimiento de la economía nacional – fundamentada en gran parte en el desplome de los precios del petróleo- y el incremento en los costos del endeudamiento público, tanto en mercados nacionales como internacionales, han generado desajustes presupuestales. Tanto así que, en el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Ministerio de Hacienda en junio pasado, se han incorporado ajustes considerables en la inversión del gobierno central, pasando de 3,1% del PIB, en 2015, a 1,1% en 2017.
La siguiente revisión de las proyecciones fiscales hecha por Botero indica que el Gobierno Nacional Central (GNC) tendrá grandes dificultades para cumplir con las metas de la regla fiscal en 2018 y 2022.
Entonces -sugiere Botero- sería pertinente una reforma tributaria que no sólo compense el impacto de la reducción de algunos impuestos transitorios que desaparecerán en los próximos a}1os, sino que genere por lo menos recaudos adicionales del 2 % del Pffi a partir de 20 l 7, basada en un incremento de tres puntos porcentuales del NA y ajustes en la tributación de las empresas (a la baja) y personas (al alza), lo que permitiría un ajuste que lleve el déficit total del GNC al l % del Pffi en 2022, cumpliendo así con la meta de la regla fiscal.
POSCONFLICTO
Según cifras de la Comisión de Paz del Congreso, el posconflicto costará cerca de 1 06 billones de pesos durante los primeros lO años, y de estos, 16 billones deberán ser presupuestados entre 201 7 y 2018.
Incluyendo esa cifra en las proyecciones, las previsiones fiscales presentadas por EAF1T indican que se generarían faltantes presupuestales entre el 0,5 % y el 1,2 % del PIB. El análisis sugiere que deberían ser provistos mediante reasignaciones presupuestales, o por las rentas adicionales que su correcta aplicación generaría. Lo que se entiende como el ‘ dividendo de la paz’.
Jorge Rodríguez, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), le explicó a Criterio Inversionista que el dividendo de la paz surge de la desaparición de una actividad improductiva como el conflicto, que le ha costado tanto dinero al país. »Yo tengo una estimación del costo que ha representado el conflicto, que está entre medio punto porcentual del PIB al año y hasta el 3,8 %, pero remover ese obstáculo no supone automáticamente que vaya a haber un beneficio. Eso lo que supone es la tarea de transformar todo ese gasto en gasto productivo, y así, indudablemente, sí podríamos crecer», añade.
Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentó un informe en diciembre de 2015 en el que explica, entre otras cosas, los dos canales en los que se verá reflejado el dividendo de la paz: el interno, en el que factores como_el aumento de la tasa de inversión y el consumo de los hogares impulsarán el crecimiento de la economía, y el externo, en el que se prevé mayor inversión extranjera, siendo la tasa de inversión la variable que más impacto positivo recibirá tras la firma de los acuerdos. Para Luis Fernando Mejía, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación, el dividendo se traduce en un mayor crecimiento económico, que tras la investigación del DNP supone que estará entre 1, 1 y 1,9 % de crecimiento adicional anual. «El dividendo está atado a un crecimiento de la confianza, que se refleja en un aumento de la tasa de inversión, de entre cuatro y cinco puntos porcentuales del PIB, una vez se firme el acuerdo», señala.
Tres sectores se beneficiarían de un acuerdo de paz: el sector industrial, que se vería favorecido por esa mayor inversión y apertura al comercio internacional; el sector agropecuario y, especialmente, el de la construcción, ya que el periodo de posconflicto requiere de grandes inversiones en infraestructura. De esta forma, la consolidación de la paz tendrá impactos positivos sobre el crecimiento económico, que se darán a través de la confianza inversionista, flujos de capitales y del desarrollo del sector agropecuario, el cual dependerá de la capacidad de acumular capital que impulse el crecimiento de la productividad. No obstante, como Botero explica en su informe, para alcanzar la meta fiscal será necesario que la parte fundamental de los costos del postconflicto se financien por medio de reasignaciones presupuestales o de ayuda externa. La principal apuesta del investigador es una reforma tributaria que arbitre recursos del orden de dos puntos porcentuales del PIB, siempre y cuando se modere la carga impositiva de las empresas, y se den incrementos solo en la carga tributaria de las personas naturales.
De esta manera, elevar en tres puntos porcentuales el IVA podría generar rentas públicas adicionales de cerca de dos puntos del PIB, balanceando estructuralmente las finanzas públicas, manteniendo la calificación crediticia del país y el acceso a los mercados financieros internacionales.
El espacio fiscal para financiar el posconflicto es reducido, pero a través de esta reforma tributaria, en los próximos dos años se abrirá una pequeña ventana fiscal que podría darle un respiro al Gobierno. Esto sin dejar de lado la vital importancia de realizar acciones que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo económico. El esfuerzo deberá concentrarse en la reasignación del gasto público.
El incremento del IVA, en palabras de Botero, podría entenderse como la cuota básica que deberán aportar lo s colombianos para convertir las oportunidades de la paz en realidades económicas concretas. «La paz debe ser una oportunidad para que el sector agrícola, liberado de las cargas que la violencia genera y apoyado en políticas estatales efectivas, aproveche su potencial productivo», concluye
Tres sectores se beneficiarían de un acuerdo de paz: el industrial, el agropecuario y, especialmente, el de la construcción, ya que el periodo de posconflicto requiere de grandes inversiones en infraestructura.
Tomado de la página 28 de la Revista criterio inversionista No 11